2013: Las elecciones de la violencia

Rafael Morales

En 2010, tuvo lugar una reunión en la Ciudad de México en la que se dieron cita prominentes representantes de las organizaciones sociales del país, con el fin de discutir la posibilidad de suspender las elecciones para el Ayuntamiento de Ciudad Juárez, en el contexto de la dramática ola de violencia que azotaba a aquella ciudad (como la masacre de Villas de Salvárcar), los severos cuestionamientos sobre la integridad de la clase política juarense, que buscaba afianzar su poder desde esa posición y del vergonzante fracaso de la Operación Coordinada Chihuahua, que encabezó entonces Felipe Calderón. La idea no prosperó, pero el diagnóstico era claro: la violencia podía poner en riesgo los resultados electorales y la vida de los candidatos. Tan solo en ese año, por seguridad, casi una veintena de candidatos a presidencias municipales renunciaron a contender en las elecciones, dentro y fuera del Valle de Juárez.

Este 2013, a menos de seis días de que se celebren elecciones locales en catorce entidades del país se percibe un aumento inusitado de la violencia contra candidatos en todos los órdenes y todos los partidos. Los casos de Oaxaca, Sinaloa y Durango han encendido la condena de toda la clase política. Pero ni los discursos ni las lamentaciones, por dramáticas o lacónicas que sean, pueden ocultar el problema en lo fundamental: la creciente incapacidad de las autoridades locales para garantizar la seguridad mínima de candidatos, dirigentes y votantes. Se trata de un panorama devastador para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales, que comienza con la injerencia de los gobernadores en los comicios, la incompetencia y mediocridad de los institutos electorales, la compra del voto y ahora con la coacción de electorados enteros (como en municipios de Michoacán) y los atentados directos a candidatos. Estas ultimas, formas por las cuales se dice que el narco “ya votó” al decidir previamente quien o quienes serán los ganadores de una contienda.

Pero hay un límite: el riesgo latente de la suspensión de los procesos electorales en amplias porciones del territorio o, en su defecto, su virtual inocuidad, ahí donde la violencia misma generé un estado de apatía y desafección de los votantes, todo lo cual podría permitir a los grupos que deciden sobre el uso de la violencia perpetuarse en el poder. De ser así, en futuras elecciones ¿contra quién están compitiendo los candidatos que se encuentran en entidades o gobiernos con presencia del crimen organizado? Si crímenes políticos tan perturbadores como el del candidato a la gubernatura de Tamaulipas en 2010 siguen sin ser esclarecidos ¿cómo y de qué forma se garantiza la regularidad de las elecciones si priva, por decir de algún modo, la impunidad alrededor de todo el proceso electoral? Nada más trágico para una reciente democracia que dice venir de un régimen autoritario que todo lo controlaba, desde las elecciones hasta el crimen organizado.



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