¿Hacia una nueva autoridad electoral?

Rafael Morales

En 1996 se creyó que se podría ir hacia la homologación de un conjunto de principios políticos que en el marco del federalismo pudieran darle integridad y estabilidad a las elecciones en todos los órdenes de gobierno. Desde la Constitución fueron impulsados los cambios para inducir a que los gobiernos estatales dispusieran lo necesario para formar autoridades y burocracias profesionales en materia electoral replicando los avances que el centro venía ensayando con cierto éxito. La estrategia centrífuga fue apoyada ipso facto por todas las legislaturas estatales dada la enorme legitimidad y expectativas que generaba la democracia en el contexto de la crítica y del agotamiento del viejo autoritarismo.

A partir de la puesta en marcha de la reforma se fueron creando a lo largo de todo el país decenas de institutos electorales estatales que en mayor o menor medida fueron adoptando los principios, la división de competencias y hasta los esquemas organizativos de las autoridades federales. Como era de esperarse, el entusiasmo inicial fue cediendo paso a los intereses que se forman de manera natural en toda burocracia solo que sin los estándares de profesionalización y tecnicidad desarrollados en el IFE o el Tribunal. La otrora preciada idea de la autonomía de los órganos electorales fue erosionándose ante la injerencia cada vez más visible de partidos, gobernadores y hasta jefes políticos que hicieron de los institutos verdaderas oficinas alternas de sus grupos, cuadros y fracciones.

A pesar de que los institutos estatales procuraron siempre adoptar los cambios producidos en el orden federal en los hechos estos resultaron nugatorios debido a diseños organizativos que impedían que las instancias o modelos a replicar como órganos técnicos de fiscalización, contralorías y entidades ejecutivo-administrativas adoptaran desde su origen mecanismos de transparencia, eficacia y autonomía técnica. Además, la falta de profesionalización ha derivado en un crecimiento del costo de la burocracia al depender de empresas privadas para el desarrollo de tecnologías y herramientas para los procesos electorales que bien podrían ser desarrollados por los propios institutos (programas de resultados, urnas electrónicas, software para voto web, diseño distrital, etc.).

Con todo, la razón por la que ha de discutirse la necesidad de un instituto nacional electoral es que la existencia de estas deficiencias pueden poner en riesgo la unidad de todo el sistema electoral al quedar desprotegido el ejercicio del voto. Si la estabilidad política del federalismo depende del desarrollo de nuevos partidos estatales con capacidad para canalizar conflictos y ofrecer nuevos esquemas de representación política ¿cómo ha de conseguirse bajo este esquema? Es un hecho que lo que atenta contra el federalismo no es la centralización de un proceso administrativo más, natural en cualquier régimen federal, sino la corrupción e incompetencia de los institutos para mantener la integridad de los procesos electorales en el orden estatal.



Deja un comentario