La corrupción política y el reformismo de Enrique Peña Nieto

Enrique Peña Nieto tuvo la osadía de romper con el perpetuo ciclo que secuestra sexenalmente la planeación del desarrollo del país al reformar en sus primeros dos años de gobierno todo lo que no había podido ser tocado en décadas por la elite gobernante. Como si hubiese sido presa de una necesidad irrefrenable para desmarcarse de la mediocridad de sus antecesores, el presidente impulsó una enorme cantidad de cambios en el marco del Pacto por México que alcanzaron a las áreas más sensibles de la competencia del gobierno y de las instituciones autónomas. Algo nunca antes visto.

Con todo, la persuasión y la consulta pública debieron haber sido el eje de la estrategia reformista. No fue así. En su lugar, el presidente optó por imponerle al congreso una agenda. Más aún, buscó instrumentar las reformas sin el apoyo mayoritario de la sociedad. La táctica fue poco afortunada pues Peña Nieto pudo haberse puesto al frente del debate, defender su ideario y ganar legitimidad para las más factibles, aceptando incluso que las más polémicas pudiesen suspenderse de no contar con el consentimiento público necesario. En la derrota parcial hubiese estado su victoria. Pero el presidente decidió apostar a ser el gran reformista, no a pasar a la historia como un demócrata.

Debe aceptarse que ninguna reforma, por muy consensual que sea, asegura resultado alguno. A pesar de ello, un cambio en las formas bajo las cuales se toman las decisiones en México hubiese generado la confianza necesaria para soportar las inclemencias de unas políticas cuyos beneficios no estarán en el corto plazo. Así, un gobierno puede encontrar el consentimiento necesario para impulsar cambios tan radicales e involucrar a la sociedad en su instrumentación. En ausencia de un mito fundacional o de la posibilidad bélica, un consenso desarrollista sólo puede generarse cuando se hacen efectivos los instrumentos ciudadanos de debate público y de democracia participativa.

Pero el debate para establecer una Comisión Nacional Anticorrupción, para citar la primera de sus promesas reformistas -y la última en ser aprobada- no fue animado por una clase política deseosa de ser controlada sino por la revelación de una residencia adquirida por la cónyuge del presidente a un contratista del gobierno federal, la Casa Blanca. El incidente aceleró en el congreso la discusión de una nueva iniciativa anticorrupción para crear un sistema nacional, que habría de ser promulgada por el propio Peña Nieto en medio del escándalo por la percepción de un grave conflicto de interés. La imagen del presidente pidiendo perdón por ello sintetiza con la ironía más acabada nuestra pulsión reformista.

La última gran iniciativa de Peña Nieto se convirtió al final en un retrato de nuestra crisis política: la lucha contra la corrupción del régimen en manos de quienes la practican. De ahí que el perdón ofrecido por la Casa Blanca quizá impida que la imagen personal del presidente siga deteriorándose, que no se le guarde más resentimiento y que se le deje pasar por esta vez la falta. Por desgracia, que el presidente se exima de su responsabilidad en lo moral no allana el camino de las reformas ni resuelve el problema político de fondo: la impunidad de la que gozan los titulares del poder público y la corrupción sistémica con la que opera la estructura de gobierno y de representación política en México.



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