El INE y sus críticos

Rafael Morales

El proyecto para crear en México un Instituto Nacional Electoral (INE) ha generado un debate interesante en la opinión pública. Calificada como anti-constitucional, centralista, como un acto de populismo electoral o simplemente como una “mala idea” la propuesta de centralizar las elecciones pareciera ir decididamente en contra de la Democracia, el Federalismo y hasta de la constitución de la propia República. Las serie de críticas provenientes de múltiples sectores han conformado ya toda una retórica anti-reformista, donde las propuestas de cambio aparecen como un riesgo contra los avances alcanzados hasta hoy en materia democrática, fútiles respecto a los grandes pendientes en la materia o hasta perversas si nos atenemos a la ambición de poder que realmente está detrás de estas.

Se trata, en suma, de una nueva retórica de carácter democrático donde los anti-reformistas aparecen como actores desprovistos de motivos personales, intereses grupales o ambición política alguna y en favor siempre de un bien público superior que nunca se resuelve en el presente sino en el horizonte de un tiempo futuro. Este recurso, nada nuevo en nuestra época, se puso en funcionamiento en el contexto de la llamada transición a la democracia cuando la idea de un arbitraje ciudadano, moralmente superior, impulsado por la coalición anti-autoritaria de los noventa, fue útil hasta que la oposición llegó al poder y, sobre todo, hasta que sus promotores aceptaron que aquellos consejeros “desinteresados” y “distantes del poder” en realidad sí tenían intereses y en muchos casos formaban parte de la clase política dominante o aspiraban integrarse a esta.

Como entonces, la retórica democrática ha probado ser funcional al statu quo pues puede conjurar el riesgo que supone un cambio en las reglas, es decir, puede evitar los efectos redistributivos que ello implica respecto de la manera en la que se encuentra distribuido el poder total disponible en una sociedad. Hoy, los probables afectados de las reformas –gobernadores, burócratas, diletantes- buscan montarse en el discurso anti-reformista no para permitir que prosperen los equilibrios políticos en las entidades federativas o en pro de un estado de la competencia que le facilite a la oposición la alternancia en el poder local sino para mantener la hegemonía política que les da el control de las autoridades electorales, como un bien particular del que pueden disponer como integrantes de la clase política de cada estado.

 



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