Tres lecciones de las elecciones 2013

Rafael Morales

La jornada electoral de este siete de julio que se llevó a cabo en diversas entidades federativas de la república mexicana deja múltiples lecciones que es preciso recuperar para la reforma política que está en marcha. Si bien en todos los estados fueron instaladas el cien por ciento de las casillas electorales y que en todos ellos se ha dado por concluido hasta este momento los resultados preliminares, surgen o se ratifican problemas que pudieron haber tenido incidencia en el desarrollo de las campañas, en la votación misma y en la certeza sobre el procesamiento de los resultados, a saber:

1. Violencia política y violencia criminal. Es natural que las elecciones con alta competitividad y con electorados complejos dividan y ejerzan cierta tensión en la sociedad. No obstante, en este proceso fue claro que autoridades gubernamentales volvieron a intervenir en el desarrollo de los comicios, amedrentando a candidatos y a votantes con el uso de la fuerza pública. De la misma forma, la violencia se expresó en el robo y quema de urnas, en la compra y coacción del voto y en el asesinato de candidatos a diversos cargos de elección popular en entidades como Chihuahua y Durango, pero también con ataques a casas de campaña y simpatizantes, como en Veracruz y Oaxaca, y hasta secuestro de brigadistas, como en Sinaloa. Ningún partido se salvó. Contranatural fue la violencia originada por el crimen organizado. No es nuevo comentar la fuerza que tiene y ha tenido el crimen organizado en los comicios, en particular en entidades como Michoacán y Guerrero. Ahora, en estas elecciones la fuerza de estos grupos se hicieron sentir de forma mucho más abierta en estados como Chihuahua, Sinaloa y Oaxaca, donde no solo atentaron contra candidatos sino también contra el personal que forma los equipos de campaña y las familias de los propios contendientes. El agravamiento de dicho fenómeno llevó a que en varios municipios los partidos decidieran suspender campañas con el fin de salvaguadar la integridad de sus miembros.

2. El desempeño de los institutos electorales. La actuación de los institutos electorales fue en extremo deficiente. Lejos de ser un factor de certeza y legalidad se convirtieron en un actor más en la contienda, pues o actuaron decididamente en contra de partidos y candidatos, entorpeciendo los procesos de construcción de alianzas o fueron omisos en la atención de la diversas irregularidades que se presentaron a lo largo de las distintas jornadas comiciales. Con todo, los partidos tuvieron que jugar en contra de institutos controlados por gobernadores como en los casos de Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Puebla. Amén de la profunda opacidad que los caracteriza, su indolencia se sintió al ser incapaces de dar gestión a los protocolos para garantizar la seguridad a los actores de la contienda en entidades azoladas por el crimen organizado. En abono a su descrédito, el crecimiento de la desconfianza de los ciudadanos según la encuesta de Parametría http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=4550, tampoco tuvieron un desempeño adecuado durante la jornada electoral, en casos tan relevantes como los Programas de Resultados Preliminares (PREP). Por ejemplo, en Veracruz el PREP registró fallas técnicas y no fue sino hasta la media noche cuando recuperó su operación. El caso más patético fue el de Baja California, la única entidad con elección para gobernador y de la que se ha dicho que depende la continuidad de las grandes reformas estructurales, donde pese a reconocer una falla en el PREP el consejo general del Instituto Electoral de Baja California (IEPC) aceptó mantenerlo en funcionamiento hasta el cierre del cómputo, lo cual va en detrimento de la confianza en una elección por demás competida.

3. La injerencia de los gobernadores. Muchos candidatos consiguieron importantes triunfos gracias al apoyo decidido de los gobernadores. La amplia variedad de recursos que fueron desplegados por los ejecutivos locales fue del uso abierto de programas sociales de corte federal hasta la utilización de las policías locales para amagar candidatos y simpatizantes. La documentación de los casos se presentó con mucho tiempo de anticipación a los comicios y a pesar de ellos las autoridades electorales poco o nada quisieron hacer, muchas de ellas subordinadas también al poder del gobernador en turno. Los partidos se quejaron de la injerencia del ejecutivo ahí donde son oposición pero nada dijeron de las entidades donde son gobierno, en la que ellos mismos consistieron tan intervención para ser beneficiados: el PAN se quejó amargamente de los enjuagues del gobernador de Veracruz pero en Puebla los propios panistas consintieron todo tipo de intervenciones, sin las cuales se entienden triunfos como el de Gali en la capital poblana en contra de la vieja estructura priista de Mario Marín. En forma opuesta, como Sinaloa o Oaxaca, los gobernadores fueron rebasados por la oposición y ni siquiera fueron capaces de mantener el apoyo que los llevó al poder como resultado de las mentadas alternancias de 2010, que con frenesí anunciaban la llegada de un nuevo tiempo sin la presencia del PRI y que terminaron siendo una completa decepción, según se ve ya en los resultados electorales.

Riesgos y oportunidades. La profundización de esta problemática lleva ya a la falta de integridad de la autoridad electoral en los estados y a una sensible pérdida de legitimidad de la autoridad electa. El riesgo está en que el control de los procesos electorales quede o bien en las manos de los gobernadores o en las del crimen organizado lo que hará nugatorio el derecho del voto y el conjunto de libertades que hacen posible un régimen democrático. La oportunidad que está abierta es la de repensar los modelos de autoridad electoral posible de forma que los institutos electorales dejen de ser burocracias al servicio de los ejecutivos o de los partidos para garantizar los principios consagrados en la Constitución para la organización de las elecciones. En este contexto, el debate sobre la creación de un Instituto Nacional de Elecciones queda plenamente justificado y no precisamente por razones de orden presupuestal.

 



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