México: 67 años de reformismo electoral, 1946-2013

Rafael Morales

A partir de 1946 el régimen político mexicano estableció una serie de nuevos mecanismos de control para dotar al centro, y en particular al poder Ejecutivo, de la autoridad necesaria para imponer el nuevo orden. Frente a la dispersión y falta de unidad de los grupos de poder surgidos de la Revolución Mexicana la elite encontraría algunos de estos mecanismos en la transformación constante del sistema electoral. A partir de entonces, el reformismo electoral se convirtió en una fórmula que ha servido para alcanzar con efectividad una enorme variedad de objetivos políticos, tanto para los actores que pertenecen a la elite del poder como a la clase política en general.

Los principios del reformismo, la centralización de las elecciones y la exclusión de partidos locales en la competencia nacional, permitieron la unidad del sistema electoral y la nacionalización de la política. Estas fueron las bases del presidencialismo y del sistema de partido hegemónico. ¿Por qué entonces dichos principios que un día fueron calificados como autoritarios siguen vigentes y hasta se reivindican por las mismas fuerzas que un día lucharon contra ese sistema? ¿Significa que han sido también las bases de la política contemporánea de México en la era de la democracia? Una breve revisión de las sucesivas reformas electorales puede dar algunas respuestas pero, sobre todo, plantear nuevas interrogantes.

Reformas electorales 1946-2013

7 de enero de 1946: Reforma gubernamental de control centralista intra-estatal. Se funda el federalismo electoral con dos sistemas electorales, primero, centralizando la organización de las elecciones federales en una entidad intra-estatal y, segundo, dejando a las entidades federativas la organización de sus comicios a través de Comisiones Estatales Electorales. Con la reforma se excluyen a las fuerzas partidistas enclavadas territorialmente para evitar la desestabilización del sistema político e impulsar de esta forma la nacionalización de la política.

21 de febrero de 1949: Reforma gubernamental pro-autoritaria. Despojados los estados de su poder para intervenir en las elecciones federales, se excluye ahora a la SCJN del proceso electoral transfiriendo sus facultades a la Procuraduría General de la Nación, con lo que se avanza en la modernización del autoritarismo. Se refuerza la estructura de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y los mecanismos de control sobre los partidos con la figura del registro ante la Secretaría de Gobernación.

3 de diciembre de 1951: Reforma gubernamental centralista de apertura limitada. Ante la solitaria elección de 1949, en la que se habían proscrito de la competencia diversos partidos, se crea la Comisión Federal Electoral (en sustitución de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral) para que pudiera impulsar temporalmente el registro de nuevas organizaciones. Además se profundiza la vigilancia de los comicios al centralizar el método de cómputo de las elecciones en instancias controladas por el gobierno. Se mantiene exclusión de la SCJN.

7 de enero de 1954: Reforma gubernamental para la burocratización partidista y el control del pluralismo. Se endurecen los requisitos para formar un partido político nacional y para el registro de candidaturas. Se obliga a la modernización de los partidos al exigirles la creación de una burocracia permanente (comités directivos en las entidades federativas donde tuviesen al menos más de dos mil quinientos asociados). Se profundiza la centralización del Registro Nacional de Electores.

28 de diciembre de 1963: Reforma gubernamental de captación limitada de minorías. Para sobrellevar los cuestionamientos a la sobrerrepresentación del PRI, se crea la figura de los diputados de partido para captar a las minorías políticas ya existentes en el Congreso y se aumentan las sanciones a las tácticas anti-sistema, como no asistir al Congreso, a partidos y candidatos, aquellos con la pérdida del registro y estos con la suspensión de derechos políticos, ambas como sanciones independientes.

30 de diciembre de 1977: Reforma gubernamental liberalizadora de carácter expansivo. Ante la crisis de legitimidad del régimen se impulsa una reforma radical que reconoce constitucionalmente a los partidos como entidades de interés público y que legaliza a fuerzas anteriormente proscritas en la arena electoral. La reforma se acompaña con un aumento de espacios de representación federal a las minorías opositoras a través de la representación proporcional. La izquierda socialista, inmersa en su crisis histórica, se integra al nuevo sistema electoral.

12 de febrero de 1987: Reforma gubernamental de compensación partidista. Se establece el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral. Se aumenta en una centena el número de diputados plurinominales y se crea la cláusula de gobernabilidad para darle al partido con mayor número de votos la mayoría absoluta de escaños. Se funda el Tribunal de lo Contencioso Electoral y se le hace compatible con el sistema de auto-calificación. Aumentan facilidades para el registro de coaliciones y frentes electorales.

15 de agosto de 1990: Reforma gubernamental de control burocrático-electoral. Ante la crisis de legitimidad del gobierno de Carlos Salinas se crea el Instituto Federal Electoral, órgano sin autonomía controlado por el gobierno a través del secretario de Gobernación e integrado por consejeros magistrados de carácter no partidista pero propuestos por el presidente de la República y aprobados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Se crea el TRIFE.

3 de enero de 1991: Contrarreforma electoral gubernamental. Se afina la cláusula de gobernabilidad para garantizar una mayoría absoluta de escaños al partido que consiguiera una votación por arriba de 35 por ciento, 251 curules de 500 (50.2 por ciento de la cámara) y una mayoría menos estrecha a través de la asignación de escaños adicionales por cada punto porcentual extra. La elite busca anticiparse a un posible agotamiento del acuerdo bipartidista post-88 creando mecánicamente mayorías artificiales. Ante la recuperación oficial en las elecciones intermedias la medida cae en la inocuidad.

24 de septiembre de 1993: 1ª liberalización gubernamental del control burocrático-electoral. Nuevas atribuciones para el IFE para validar elecciones de diputados y senadores y expedir constancias de mayoría así como para establecer topes de gastos de campaña a partidos. Incorporación de la sociedad a la vigilancia electoral. Fin de auto-calificación de las elecciones y de la cláusula de gobernabilidad. Reducción de 350 a 315 del número máximo de escaños que un partido puede alcanzar por los principios de mayoría relativa y representación proporcional. Nueva integración del Senado. Se revierten facilidades para formar coaliciones. La reforma entra en vigor pero no se aplica.

18 de mayo de 1994: 2ª liberalización gubernamental del control burocrático-electoral. Reforma reactiva y coyuntural. Se compensa la exclusión de la izquierda con un IFE más imparcial. Se crea la figura de consejeros ciudadanos y el poder Ejecutivo deja de participar en su designación. Los consejeros adquieren mayoría en el seno del Consejo General (aunque el Secretario de Gobernación mantiene la presidencia) en tanto que los partidos pierden derecho a voto. Ajustes a la organización del proceso y afinación de delitos electorales. Se refuerza la observación electoral nacional y se incluye la extranjera.

31 de octubre de 1996: Democratización inter-elitista de carácter redistributivo. Primera gran reforma consensual electoral. El poder Ejecutivo abandona la organización de las elecciones y el IFE adquiere autonomía e independencia en la organización de las elecciones. Se eleva a rango constitucional los derechos político-electorales y se crea el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación como órgano jurisdiccional especializado en la materia integrado al poder Judicial. El presidente Ernesto Zedillo se prepara para la alternancia.

14 de enero de 2008: Reforma partidista opositora de carácter auto-compensatorio. La reforma se origina el Senado. Como compensación a los derrotados de 2006 se consigue que el IFE adquiera el control del acceso de los partidos a radio y televisión, que se adopten las figuras de reconteo y que se afinen las causales de nulidad. Se refuerzan también las medidas para la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos y de contraloría sobre la administración de los recursos de la burocracia del IFE. El TEPJF adquiere el carácter de tribunal constitucional.

Septiembre de 2013: Reforma gubernamental-partidista semi-definida. Se legislará sobre reformas constitucionales del 2012 en materia de democracia directa y candidaturas ciudadanas. Se legislará también como parte de la agenda electoral del nuevo gobierno y de la agenda de los partidos derrotados de 2012, que buscan como compensación eliminar el control que tienen los gobernadores del PRI sobre los institutos electorales estatales o bien una plataforma de lucimiento personal para el posicionamiento de algunos actores políticos en la lucha intra-partidista.

¿Para qué han servido las reformas electorales?

Como se advierte, las primeras reformas electorales sirvieron en un principio para la institucionalización del régimen y, en particular, para la creación de una autoridad nacional. Las reformas posteriores permitieron a las elites políticas consolidar un sistema de partido hegemónico, base para la emergencia del presidencialismo. No obstante, en la medida en que el régimen demandaba cambios cada vez más profundos para mantener el statu quo, las reformas mismas detonaron procesos de apertura política irreversibles que las oposiciones se encargaron de consolidar.

Si en el pasado el reformismo sirvió como instrumento de control del viejo régimen ¿a qué intereses responde hoy el constante cambio de las leyes electorales propuesto por todos los partidos? Una vez obtenida la alternancia y el recambio en el poder es más claro cuáles son las funciones de las reformas electorales en la democracia. Hoy los perdedores buscan obtener en estas las condiciones materiales que no pudieron generar en el momento de la competencia y buscan encontrar no la regla más justa sino la que les aseguré ex ante el triunfo en el próximo proceso electoral.



1 comentario

  • Ernesto Hernández Norzagaray

    Buen recuento en tan poco espacio. Las conclusiones me parecen algo generales a no ser que te refieras exclusivamente al ámbito federal, en lo estatal las motivaciones son diversas no obstante es natural que los partidos grandes y chicos quieran prefigurar triunfos más que derrotas. Recuerda la máxima de “quien hace la ley, hace la trampa”. Saludos desde Sinaloa.

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